EN EL CASO JUEGOS NACIONALES 2015. JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ENVÍA A LA CÁRCEL AL SEGUNDO VENDEDOR DEL LOTE Y REVOCA DETENCIÓN DOMICILIARIA AL ALCALDE ENCARGADO

22-02-2019, El día de 21 de febrero de 2019, en audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro penitenciario contra el señor MARTÍN ALONSO MAZO PINO, al considerar que la libertad del comerciante particular constituía un peligro para la seguridad de la comunidad y era un riesgo de obstrucción a la justicia.

El Juez indicó que: "Mazo Pino no sólo celebró el contrato en un sitio ajeno a las dependencias del municipio y era conocedor del valor real de su predio y de los avalúos anteriores practicados al mismo,  sino también que procedió a aceptar un incremento desproporcionado en su precio, siendo la persona que mayor valor recibió en los mencionados contratos de compraventa, defraudando en mayor medida, y en beneficio propio, los bienes del Estado”

En su fallo, el juez revocó la orden de libertad dispuesta por el Juzgado 1 Penal Municipal Ambulante de Garantías de Quibdó, ordenando la inmediata reclusión del procesado MAZO PINO en la Cárcel Anayancy de la ciudad de Quibdó.

En la misma decisión, el señor Juez decidió revocar la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el sacerdote JOSÉ ÓSCAR CÓRDOBA LIZCANO, por considerar que existía duda en la inferencia razonable de su participación. Según el togado, de los elementos materiales probatorios, puede desprenderse que éste firmó sólo los contratos 202 y 203, junto con las minutas de la escritura pública, mismas que finalmente fueron otorgadas por la alcaldesa titular. Agregó que los actos de CÓRDOBA LIZCANO fueron hechos de buena fe, no sólo por las extrañas circunstancias del encargo hecho por la señora ZULIA MENA, sino también por el desconocimiento suyo del trámite previo, al igual que la apresurada y maliciosa solicitud de su firma hecha por los funcionarios que sí venían tramitando ese proceso contractual.