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SAN JOSÉ DEL PALMAR Y LA ENCRUCIJADA DE LA ERRADICACIÓN VOLUNTARIA

SAN JOSÉ DEL PALMAR Y LA ENCRUCIJADA DE LA ERRADICACIÓN VOLUNTARIA. www.revistachoco.com
El apogeo de la coca llegó a San José del Palmar después del año 2000. En esa época se acabaron las ferias de La Italia, tan famosas en la comarca, en las que los labriegos de veredas como Suramita, Patios, Curundó o San Pedro de Ingará, acudían hasta el corregimiento a vender animales y frutos de la tierra que partían en camiones hacia Cartago. Se ganaba poco, dicen, pero la vida era más barata. La hoja verde reemplazó la vocación agrícola de aquella zona del Chocó que, a diferencia del resto del departamento, era habitada principalmente por colonos mestizos de origen paisa.
Desde entonces ha sido exponencial el aumento de la coca en el departamento: en 2001 se reportaron 354 hectáreas que tras altibajos alcanzaron un pico histórico de 3.429 en 2012. Según un informe de la ONU de 2016, en el Chocó había 1.803 hectáreas cultivadas con coca, pero esta cifra parece haber incrementado los últimos meses.
En el corregimiento de La Italia fluyeron ríos de dinero con la bonanza cocalera. Se escuchan anécdotas de cultivadores que llegaron a tener cincuenta o cien millones de pesos en la mano después de la cosecha. Se instalaron prostíbulos, discotecas, panaderías y almacenes de insumos agrícolas, una estación de gasolina y hasta una oficina de giros porque el caserío se había llenado de cocaleros de Nariño, Putumayo o Antioquia que llegaban a buscar fortuna.
Los líderes comunitarios calculan que hoy pueden existir más de mil hectáreas sólo en jurisdicción de San José del Palmar. En el municipio vecino de Nóvita, donde el Ejército está fumigando los cultivos con aspersión manual de glifosato desde la primera semana de octubre, la cifra sería menor. No es un secreto que toda la economía de la región depende del narcotráfico y la minería informal.
“Nos preocupa, en esta zona que se ha cultivado tanta coca, que el Gobierno tiene que cumplir si quiere acabar con los ilícitos”, afirma Claudio Chávez, vocero de una de las veredas. “Como campesinos nos tenemos que defender con nuestro sustento”. Aunque la gente firmó los acuerdos de erradicación voluntaria, a nadie le convence la lógica del Gobierno, que propone arrancar las matas sin aclarar de qué van a vivir los meses siguientes.
“Nada se gana un campesino con que lo despachen con uno o dos millones de pesos”, dice Gerardo Jaramillo, el coordinador de la protesta; “con eso no vive nadie”. La propuesta de la comunidad a Esteban Casas, el delegado de las Naciones Unidas que participó en las reuniones donde se firmaron los acuerdos, consistió en que ellos mismos iban a erradicar el 25% de la coca mientras llegaban los proyectos de mejoramiento de vías, educación y asistencia técnica.
Solicitaron la entrega de la mitad de los subsidios que el Gobierno tiene presupuestados (36 millones de pesos por familia) con el propósito de emprender nuevos cultivos, siempre dejando claro que en menos de dos años será imposible acabar con toda la coca puesto que cualquier otro producto tarda más tiempo en establecerse y rendir resultados. Arrancar las matas en condiciones diferentes traerá hambre, violencia y desplazamiento.
Sin embargo, no todos están convencidos que el tránsito a los cultivos legales sea tan sencillo. “Qué nos ganamos nosotros con dejar la coca y ponernos a sembrar productos si estamos embotellados”, dice Pedro Valencia, “yo llevo 54 años en esta tierra y nunca hemos tenido por donde sacar los productos”.
La gente echa cuentas con los costos de fletes y los precios del plátano, el cacao o el borojó en las plazas de mercado, pero las ganancias no se ven por ninguna parte. “Puede que las vías sean parte de la solución”, duda uno al que todos llaman Toñito, “pero tenemos que pensar en el comercio de los productos”.
Por eso mucha gente prefiere que el Gobierno les entregue tierras en otra región en lugar de los subsidios por erradicar la coca. Hay fincas que se encuentran a una o dos jornadas en bestia por caminos durísimos que atraviesan la selva, son terrenos tan lejanos y agrestes que ningún producto sería rentable. “Algunos se quieren ir porque no han sido de acá”, explica Gerardo Jaramillo, “entonces no quieren los 36 millones, solicitan mejor la restitución de tierras en otro lado”.
La guerra provocó la huída masiva de miles de labriegos que llegaron desplazados a municipios cercanos, principalmente a Cartago, epicentro económico y político de la región. Los terrenos abandonados fueron repartidos por las guerrillas entre la gente y hay predios que terminaron en manos de nuevos cultivadores, muchos de ellos venidos de otros lugares del país.
Así se generó un lío de tierras que el Gobierno no ha mostrado voluntad de resolver. Los antiguos colonos han entablado demandas de restitución y los ocupantes de buena fe que llegaron después de la violencia son quienes van a recibir los subsidios por la erradicación, es posible que esto cause
Nuevos pleitos y conflictos. La mitad de los predios en La Italia no tiene escrituras ni títulos, o se encuentran en zonas de reserva natural.

Fuente qradio 

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