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ESTADO COLOMBIANO DEBERÁ PEDIR PERDÓN POR INACCIÓN EN MASACRE DE BOJAYÁ, PERPETRADA POR FARC Y PARAMILITARES.


El ministerio de Defensa de Colombia abrió una convocatoria con el fin de contratar a quien organice un evento en el que las Fuerzas Militares pedirán perdón por un ataque terrorista perpetrado por las FARC. Tras una condena por parte del Tribunal del Chocó, se le responsabiliza a la nación por el enfrentamiento que se llevó a cabo entre las FARC y los paramilitares en el municipio de Bojayá. En dicho enfrentamiento la guerrilla lanzó un explosivo, propiamente un cilindro bomba, que cayó en el techo de la iglesia del pueblo, lo que destruyó el lugar y dejó víctimas mortales.
Luego de unos años, las FARC como grupo guerrillero reconocieron que su frente 58 había lanzado el cilindro bomba al interior de la iglesia en la que se refugiaban cientos de personas. Posteriormente, los paramilitares también reconocieron su responsabilidad. Ahora, le toca el turno al Estado colombiano, a través del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el ministerio del Interior, Guillermo Rivera y comandantes de las diferentes instituciones, Ejercito Nacional, Armada y Policía Nacional, quienes tendrán que pedirle perdón a las víctimas.
En ese sentido, el ministerio de Defensa, en cumplimiento con la decisión judicial del Tribunal Administrativo del Chocó por los hechos ocurridos el 12 de mayo de 2002, abrió una convocatoria por un valor de USD $17.000 ($50 millones de pesos) para contratar a quien lleve a cabo un evento organizado por el Comité de Victimas de Bojayá, en el cual el Estado deberá pedir perdón.
Las disculpas públicas hacen parte del fallo condenatorio del Consejo de Estado en 2015 que, después de varios años de apelaciones, culpó de omisión a las fuerzas militares y al Gobierno Nacional por no evitar ese atentado con el cilindro bomba en la Iglesia de Bojayá, que mató a 79 personas. Si bien reconoció que ha habido unos acercamientos, Leiner Palacios, presidente de Asociación de Víctimas de Bojayá, criticó que hasta ahora no se ha convocado a las comunidades para decirles qué se quiere hacer, cuándo y si están de acuerdo.
Así mismo, agregó que es una pena que el Estado actué a la fuerza por una orden judicial y no por el reconocimiento a las víctimas. Palacios recordó que es importante avanzar además en los procesos de identificación de cada una de las víctimas y hacer las reparaciones correspondientes después de más de quince años de esta masacre.
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